Por ELVIA ANDRADE BARAJAS
CIUDAD DE MEXICO, Estados Unidos Mexicanos, 25 de enero de 2022.- Desde la época del porfiriato hasta la era del Chapo Guzmán y del gobierno del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, quien prometió “pacificar al país”, el oficio de periodista es uno de los más peligrosos en México, donde hoy comunicadores de todo el país se unieron para exigir justicia por la ejecución de los colegas José Luis Gamboa, del fotoperiodista Margarito Martínez, de Lourdes Maldonado y por todos los que han sido asesinados y cuya muerte sigue impune.
Margarito Martínez… ¡presente!
José Luis Gamboa, ¡presente!
Lourdes Maldonado, ¡presente!
¡Justicia para los compañeros asesinados! Clamaron hoy periodistas en mítines de protesta frente al Palacio Nacional en Ciudad de México, y simultáneamente en Cuernavaca, Tijuana, San Cristóbal de la Casas, Quintana Roo, Veracruz, San Luis Potosí, Nayarit, Ecatepec y Durango, tierra natal de Lourdes Maldonado.
¡Somos PRENSA no dispare! Gritaron los comunicadores al exigir un alto a la violencia contra el género periodístico en México, que sin tener una guerra, contabiliza más periodistas acribillados que en los países donde hay conflictos armados.
“¡No se mata la verdad asesinando periodistas!” se leía en cartones que alzaron con indignación en las plazas y lugares públicos donde exigieron justicia y colocaron veladoras para iluminar el camino de los periodistas ejecutados.
En Palacio Nacional colocaron un memorial con fotografías de los reporteros asesinados recientemente.
Al primero que mataron este año fue a José Luis Gamboa, de 10 puñaladas, en Veracruz, el 10 de enero.
A Gamboa, director general del diario digital Inforegio, en Veracruz, lo encontraron muerto.
Su cuerpo fue hallado con heridas de arma blanca en el fraccionamiento Floresta, en el Puerto de Veracruz, desde el pasado 10 de enero, pero no había sido identificado.
Al fotoperiodista Margarito Martínez lo mataron afuera de su casa de un tiro en la cabeza, el 17 de enero pasado; al igual que a Lourdes Maldonado, a quien le dieron un balazo en la cara cuando estaba en su auto frente a su casa.
Margarito y Lourdes fueron asesinados en Tijuana. Ambos eran protegidos supuestamente por el Mecanismo de Protección para periodistas.
Gamboa denunció en varias ocasiones la inseguridad que prevalece en Veracruz a causa de la delincuencia organizada que opera en la entidad con la complicidad de las autoridades.
Sabia eso. Temía por su vida. Lo denunció, pero de nada sirvió.
Lourdes Maldonado, llegó hasta Palacio Nacional, para pedir protección al presidente Andrés Manuel López Obrador, ante quien señaló como su agresor al ex gobernador de Tijuana, el empresario morenista, Jaime Bonilla, quien se dice inocente de todo señalamiento.
Lourdes había ganado un litigio laboral contra Jaime Bonilla, a quien embargo una televisora para garantizar el pago de su despido injustificado. Según el acuerdo este martes le pagarían el adeudo, pero fue asesinada el pasado 23 de enero e incluso su abogado dijo que no seguiría con el litigio y se desconoce quién se quedará con el dinero que le corresponde a la comunicadora.
En Tijuana, Jaime Bonilla es reconocido como un político corrupto, arropado por el presidente de la República, quien lo apoyaba en su Ley Bonilla, reforma con la cual pretendía extender su mandato de gobernador de dos a cinco años.
El presidente López Obrador dijo lamentar las muertes de los comunicadores y prometió justicia.
Pero ningún periodista cree en esa promesa.
¡Justicia!, ¡Justicia!, ¡Justicia! Clamaron los reporteros por la noche en la secretaria de Gobernación, donde exigieron que el Mecanismo de Protección a Periodistas deje de simular que los protege y haga su trabajo.
¿Saben que nos da el Mecanismo de Protección?, pregunto la periodista Laura Sánchez:
“Nos da un hijo de la chingada botón de pánico. Y ese botón es el número de un policía que esta corrompido, vendido a las autoridades”.
En 2021, Abraham Martínez Huerta, un periodista guerrerense que murió luego de que el Mecanismo de Protección le quito el apoyo económico y médico, afirmaba que este organismo dependiente del Gobierno federal era para controlar y exterminar a los periodistas que considera conflictivos, ya que los saca de sus tierras natales, los retira del medio periodístico, les da de medio comer y les quita la casa y el dinero cuando los ha debilitado, para mandarlos a la calle a morir sin ninguna protección ni ayuda, como ocurrió en su caso.
También relató que gente del Mecanismo entra a los refugios que dan al periodista que protegen, cuando ellos no están. Interceptan sus llamadas y tardan mucho en atender el auxilio del famoso botón de pánico.
Ayer, la Fiscalía de Baja California reveló que ya tienen las primeras líneas de investigación en los asesinatos de los periodistas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado y aseguró que en el caso del primero es posible que su asesinato tenga que ver con algún cártel de la droga.
En Tijuana, ciudad fronteriza con San Diego, California, operan al menos tres grupos delictivos: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel Tijuana o Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa, que se disputan la plaza con homicidios, torturas, secuestros, levantones y desapariciones.
Tijuana es la puerta más importante de la droga a Estados Unidos e histórica y geográficamente lo ha sido de los migrantes que buscan una mejor vida.
En la época del porfiriato el primer periodista asesinado fue el sinaloense José Cayetano Valadez.
El 26 de enero de 1879, José Cayetano, quien era director del periódico La Tarántula, escribió que temía por su vida a causa de su línea editorial que señalaba continuamente los errores y atropellos del gobernador sinaloense, general Francisco Cañedo.
La noche del 27 de enero de 1879, Cayetano caminaba por la calle con dos señoritas y en una esquina, un hombre que se fingió borracho se topo con él y le enterró un cuchillo en el pecho.
Una de sus acompañantes quiso ayudarlo y le sacó el arma, pero precipito su muerte.
En la madrugada del 28, aparecieron letreros en la calle señalando a Ignacio Solano, secretario del Gobernador, como el asesino del periodista.
Clamaron justicia. El político sinaloense pidió a Francisco Meza “El Guilo” echarse la culpa del asesinato, a lo que se negó, porque sabía que después de firmar la falsa confesión sería fusilado.
La gente se dio cuenta de la trama y se amotinó obligando al Congreso local declara acéfalo el gobierno estatal, desconoce al gobernador, quien salió huyendo de Sinaloa disfrazado de soldado raso.
El crimen de José Cayetano quedó impune y a partir de ahí ocurrieron una larga lista de homicidios ordenados por la clase política del porfiriato.
Eusebio S. Almonte, médico, poeta y periodista fue fusilado en Guerrero por órdenes del General Victoriano Huerta, entonces, abril de 1901, a las órdenes del General Porfirio Díaz, para acallar sus artículos de protesta contra el gobernador de esa entidad, coronel Antonio Mercenario.
El guerrerense Almonte fundó el periódico El Eco del Sur, con sede en Cuautla, Morelos, e impreso en la Ciudad de México.
Después de Almonte cayeron impunemente otros periodistas.
Toda la injusticia e impunidad que vivían los comunicadores de aquellos tiempos, forjo el surgimiento de los ideales de Ricardo Flores Magón, periodista oaxaqueño que gran parte de su vida estuvo preso, igual que sus hermanos, a causa de lo que escribía.
A los hombres de poder nunca les ha gustado que ninguna pluma o letra adversa destruya sus imperios de corrupción.
Los ideales de los hermanos Flores Magón fueron retomados por Francisco I Madero para derrotar a Porfirio Díaz.
Se creía que al terminar la dictadura de Díaz habría más libertad de expresión.
Sin embargo, el tiempo sólo ha modernizado las ciudades, pero la mentalidad de los políticos sigue siendo la misma que en los tiempos de Porfirio Díaz, y ahora son más peligrosos, porque se han liado con criminales del narcotráfico, a quienes finalmente responsabilizan de los crímenes de periodistas, aunque la orden haya salido de sus elegante y gubernamentales oficinas.
Varios capos en arresto, entre ellos Rafael Caro Quintero y el propio Joaquín Guzmán Loera han declarado que el gobierno es peor que ellos.
“¡No somos iguales!” ha reiterado en varias ocasiones el presidente López Obrador al referirse a los políticos del PRI y del PAN que lo antecedieron en la administración gubernamental.
Y, sí tiene razón, no son iguales, dijo el ex gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles.
"El gabinete actual es peor. Se asuntan del muerto y se abrazan de la mortaja", añadió al denunciar que
López Obrador a instalado un narcogobierno, al servicio del narcotráfico.
Tal acusación también la hizo el dirigente del PAN, Marko Cortes, al declarar que MORENA, el partido creado por López Obrador, incurrió en una narco elección en los comicios de junio de 2021, los que asentaron en una denuncia formal en Estados Unidos.
De acuerdo con afirmaciones de Anabel Fernandez, Vincentillo el hijo de Ismael Mayo Zambada, líder del Cartel Sinaloa, se quejaba con él de que tenía que seguir traficando para pagar “las cuotas” que el gobierno le exigía, principalmente en tiempos de elección.
Esta declaración la hizo Vicentillo a Anabel Fernández en su libro El Traidor.
De acuerdo con información publicada en Wikipedia los ataques contra periodistas en México aumentaron tras el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006.
Los cárteles de la droga en este país han atacado las instalaciones de organizaciones de medios.
Algunos periodistas han dejado de cubrir la guerra contra las drogas por completo después de que sus compañeros han sido amenazados, secuestrados o asesinados.
Otros periodistas se limitan a reportar a partir de los comunicados de prensa del gobierno.
Además de los medios tradicionales, los mexicanos han recurrido a blogs para obtener información sobre violencia.
Un ejemplo de estos es el Blog del Narco, publicada por un webmaster anónimo.
Los grupos criminales atacan a los periodistas del país por diferentes razones. En muchos casos, los miembros de los grupos del crimen organizado matan para silenciar a la prensa en las áreas donde operan.
Vigilan lo que se publica sobre las investigaciones del gobierno o de la corrupción política.
Funcionarios corruptos han estado involucrados en el asesinato de periodistas.
Debido a que los ataques contra periodistas reciben mucha atención y publicidad, tienen un efecto negativo sobre la población y sobre otros periodistas, quienes pueden preferir dejar de reportar incidentes delictivos.
Algunos también son atacados porque reciben dinero de los grupos delictivos, haciéndolos blancos y objetivos para los Cárteles de la droga rivales.
Cuando un medio se decide a favor de una mafia en la cobertura de prensa, se verán amenazados por los Cárteles rivales.
En otras palabras, un Cártel amenazará si no hay cobertura sobre los otros cárteles; y otro Cártel los amenazará por la cobertura de ellos mismos
En el Anexo:Periodistas asesinados en México - Wikipedia, la enciclopedia libre, se tienen contabilizados los asesinatos de periodistas mexicanos, pero en esta lista faltan muchos nombres.
De acuerdo con esta lista del 25 de diciembre de 1860 al 23 de enero de 2022 han sido asesinados 398 periodistas, este último número correspondería a Lourdes Maldonado, cuyo crimen consterno a la sociedad nacional e internacional por tratarse de una mujer y más porque había pedido protección del presidente y del Mecanismo y no hicieron nada para evitar su muerte.
En México la Comisión de Derechos Humanos al igual que el Mecanismo de Protección a Periodistas no sirven de nada.
Son floreros de adorno de la Presidencia de la República.
Hoy, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentó su informe anual de 2021 ante la Comisión Permanente, cuya oposición le reclamo su nula participación en el castigo de atropellos de los derechos humanos a periodistas y activistas.
En su informe dijo que en 2021, registró 92 expedientes sobre actos cometidos “en perjuicio de periodistas” por parte de diversas autoridades, como la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General del Estado de Sonora, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, y la Fiscalía General de la República.
“Estas denuncias fueron originadas por amenazas, hostigamiento, campañas de criminalización y desprestigio, uso de tipos penales en su contra como las injurias, difamación y calumnias, desapariciones y asesinatos, entre otros”, menciona el Informe Anual de Actividades de la CNDH entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Pero de esas denuncias ninguna a prosperado, por lo que la perredista Elizabeth Pérez le dijo:
“Sin duda su encargo se lo debe al señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) y en consecuencia hace lo que a él le conviene. (…) La CNDH nos ha quedado a deber y usted también. Nos ha quedado a deber en un país que asesina a 11 mujeres diariamente, donde matan a 7 niños cada día, tampoco se ha manifestado por la muerte de candidatos, por la persecución de periodistas y hoy sus asesinatos”.
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